Colonos con piel de oveja en La Araucanía se hacen las víctimas y quieren indemnización. Por Hugo Gutierrez

La propuesta de la derecha busca que los sectores ya beneficiados y enriquecidos por las malas políticas estatales sean nuevamente favorecidos mediante indemnizaciones. Algunos ya han negociado o están en tratativas con el Estado para venderle a sobreprecio las tierras que originalmente pertenecieron a las comunidades mapuche.

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Los representantes de la derecha y de los grandes propietarios de tierras en La Araucanía anunciaron que pedirán al gobierno crear un sistema de indemnizaciones y compensaciones para lo que ellos llaman “víctimas de los hechos de violencia en la región”.

Cabe preguntarse ¿A quienes ellos califican como víctimas de la violencia y cuáles son los supuestos de su afirmación? Estoy seguro que la derecha tiene una respuesta carente de objetividad histórica y que presentan el mundo al revés.

Nuevamente intentan manipular a la opinión pública con la lógica del empate entre desposeídos y poseedores, estos últimos responsables de mantener la desigualdad interétnica en La Araucanía. No me sorprendo, porque no es la primera vez que lo hacen y tampoco será la última.

Diversos documentos históricos consignan que el asesinato de mapuches por colonos fue una práctica sistemática a fines del siglo XIX, durante el siglo XX y la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Según el discurso de los colonizadores, ellos contribuyeron a luchar, primero, contra la barbarie y, después, contra el marxismo. De triste memoria es la participación de los Comités de Resistencia Patronales y de Patria y Libertad en la desaparición y muerte de más de un centenar de mapuches posterior al 11 de septiembre de 1973.

El Estado privilegió a los colonos con una serie de beneficios. Por ejemplo, la entrega a una sola familia de 500 hectáreas, mientras que a 30 familias mapuches las reasentaban en 200 hectáreas; A los colonos se les entregó todo tipo de herramientas, materiales y sueldo, pero nada para los mapuches, obligándolos a pasar de la ganadería a una agricultura de subsistencia. De esta forma, se les despojó de su medio ancestral de intercambio económico, condenándolos de manera brutal a la pobreza extrema.

Por su parte, la dictadura de Pinochet impulsó en 1975 la expropiación de los fundos forestales que durante la Unidad Popular habían sido plantados por comunidades mapuche. Las entregó a las empresas forestales de manera gratuita, compensándolas con el 75% de su inversión y liberándolas del pago de contribuciones. A la fecha, las forestales llevan dos cosechas sin pagarle ni un peso al Estado y sin compensar a los dueños originales de los predios, los mapuches.

Es paradojal que ahora la derecha y los grandes hacendados se presenten como víctimas de la violencia en circunstancias de que ellos permanentemente han formado parte del sistema de despojo, explotación y exterminio de un pueblo originario.

Sería un pésimo precedente que el gobierno cediera ante esta demanda, ya que nunca en nuestra historia se ha establecido, como debiera ser, un sistema de reparación al pueblo mapuche. Siempre han sido tratados de manera distinta, dispar y estigmatizante.

Por ejemplo, el 2012 se le encontró un arsenal de guerra a Jorge Temer San Martín, un agricultor de Ercilla, quien fue formalizado por amenazas de muerte, porte ilegal de arma de fuego, pero que solo quedó en libertad con firma mensual. Por el contrario, a mapuches se les ha aplicado todo el rigor de la Ley Antiterrorista con extensas privaciones de libertad, por el solo hecho de poseer una escopeta de caza.

La propuesta de la derecha busca que los sectores ya beneficiados y enriquecidos por las malas políticas estatales sean nuevamente favorecidos mediante indemnizaciones. Algunos ya han negociado o están en tratativas con el Estado para venderle a sobreprecio las tierras que originalmente pertenecieron a las comunidades mapuche.

Por último, no corresponde que se utilice este mecanismo, ya sea por ética o por derecho. Si ellos piensan que reúnen todos los requisitos para ser indemnizados por el Estado, debieran concurrir como cualquier ciudadano a un tribunal ordinario.

No nos perdamos. En materia de verdad, justicia y reparación, la historia debiera inclinarse hoy hacia el pueblo Mapuche.

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