José Aylwin, codirector Observatorio Ciudadano: “Hoy existen directrices del Sistema de Naciones Unidas para el actuar de las empresas”. Por Elías Paillan

Con el objetivo de analizar las implicancias adversas que para los derechos humanos tienen las inversiones empresariales que se hacen en distintos territorios a lo largo del país, particularmente para las comunidades, este próximo este lunes 28 de julio –a partir de las 18se desarrollará en la Universidad Diego Portales el panel “Empresas y Derechos Humanos: Tendencias Internacionales y realidad en Chile”, organizado por el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos dicha universidad.

josé aylwin

En el encuentro participará el Centro de Información sobre Derechos Humanos y Empresas, ONG internacional e independiente -con sede en Londres- que investiga y reflexiona acerca de esta temática, en particular sobre el abusos y violación de derechos humanos atribuibles a empresas, demandas legales y documentación relevante relacionada con más de 5.600 compañías.

Uno de los aspectos a analizar es la realidad en Chile en la materia. Uno sus panelistas, el abogado y codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, analiza la situación actual y entrega mayores detalles del objetivo de la jornada.

– ¿Cuál es el nivel de desarrollo en Chile de este enfoque desde los derechos humanos?

El tema de las empresas y su relación con los derechos humanos ha adquirido gran relevancia en Chile. Ello, porque Chile, debido a su política de apertura hacia los mercados mundiales, tratados de libre comercio y acuerdos de libre inversión, ha sido en la región -junto con Brasil- el estado que más inversiones externas ha capitalizado en los últimos años.

Desde una perspectiva económica, eso es visto como algo positivo. Lo que suele ser menos conocido son las implicancias adversas que para los derechos humanos tienen las inversiones que se hacen en el país. El grueso de esas inversiones son extractivas de recursos naturales, que se encuentran predominantemente en los territorios de pueblos indígenas o en algunas ocasiones en comunidades rurales empobrecidas.

– ¿Cuáles son los principales rubros empresariales que afectan los derechos humanos en el país?

La minería es la principal fuente de ingreso del país y también la principal fuente de captación de inversión. Pensemos también en la forestación exótica, en la zona sur del país, que se sobrepone de una manera casi total con el territorio ancestral y legal del pueblo mapuche.

¿Qué implicancias en particular tiene para los pueblos indígenas?

En el caso de los derechos de pueblos indígenas, como en el caso anterior al que hacia referencia, muchas de esas inversiones se hacen en tierras ancestrales, sin procesos de consulta adecuados, mucho menos con el consentimiento libre, previo e informado, y sin respetar el derecho que tienen estos pueblos a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, con daños ambientales y sociales muy graves. Es por eso que este tema debe ser conocido y debatido, más aún, que sea asumido por el estado de Chile.

¿Hay preocupación a nivel de Naciones Unidas?

En esas implicancias de derechos humanos, han pasado a ser de nivel global, por eso tanto en Naciones Unidas, como a nivel del Sistema Interamericano, existe gran preocupación. Es por ello que desde el Sistema de Naciones Unidas han evacuado directrices para el actuar de las empresas, a fin de impedir impactos mayores y para garantizar que dichas inversiones y la actividad en general no resulten en la violación de derechos humanos, laborales, ambientales y/o sociales.

¿Qué se espera de la actividad de este próximo lunes?

La actividad en la Universidad Diego Portales, es un encuentro que se da en el marco de la visita a Chile de una organización no gubernamental con sede en Londres, que es el Centro de Información de Derechos humanos, que ha sido una organización líder en promover un debate internacional sobre esta materia en el Sistema de Naciones Unidas.

¿De qué darán cuenta ellos?

Darán cuenta sobre en qué está este debate internacional, además pueden informar de cómo otros países de la región han ido adoptando planes nacionales de acción en esta materia y modificando su legislación. Lo anterior, interesa contrastarlo con la visión de actores que en el país tienen una preocupación, además del estado, que ha conformado el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable. En el caso de las organizaciones, participarán el Instituto de Derechos Humanos-INDH, que es un organismo público autónomo, y desde la sociedad civil el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Diego Portales.

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