Lo que se espera ahora del nuevo gabinete

JoseVargasNielloDespués del inocuo mensaje presidencial del 21 de Mayo, donde no existió una clara definición de cuál es la política indígena, la esperanza radica ahora en el nuevo gabinete. Como hemos insistido, las legítimas demandas indígenas no se solucionan solo con anunciar la indispensable superación de una vieja institucionalidad que no respondió a cabalidad con los fundamentos de su existencia para enfrentarlas. Con esto no queremos decir que no se avanzó nada. Sin duda hubo avances relevantes en temas como los de tierras, educación y salud entre otros.

Pero ha llegado el momento de responder a las promesas y a los acuerdos con las comunidades que no han tenido un buen término. Ello debe hacerse desde una mirada que, además de cultivar la indispensable confianza, buen trato y respeto por los acuerdos, descarte la tentación de volver a abordar el tema solo desde la óptica de la seguridad pública o de considerar la solución como si se tratara de un mero problema de pobreza.

Por lo anterior es necesario rechazar de plano algunas declaraciones de personeros de gobierno que contribuyen a criminalizar y estigmatizar las movilizaciones sociales indígenas confundiéndolas con sucesos de delincuencia, abigeato y robo. Sin negar que estas lacras existan, como en muchos ámbitos de la sociedad chilena, simplificar el tema con esas vagas consideraciones equivocan el complejo camino del entendimiento a través del franco diálogo. No es posible ignorar que, en lo sustantivo, enfrentamos un problema histórico de injusticia, abuso, despojo y desprecio. Problema además que ha sido generado por acciones indesmentibles y omisiones históricas del propio Estado chileno.

Pareciera del todo conveniente y oportuno que, adelantándose a lo que será el anunciado reemplazo de la institucionalidad a cargo de estos temas, desde ahora mismo se adoptaran definiciones en materias como quién asumirá la titularidad de las políticas públicas indígenas. Una definición elemental que en los hechos no existe, porque hoy claramente CONADI no lo es.

Es básica la existencia de un empoderado interlocutor estatal, legitimado para enfrentar aquellos temas pendientes, que hacen parte de la deuda histórica que requiere de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas. Avanzar en esa perspectiva puede alentar las confianzas para llegar a un entendimiento pacífico que no solo entregue garantías de estabilidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas sino que también aporte paz y progreso para la sociedad chilena en su conjunto.

Ver en:  Editorial de Boletín Política Indígena Nº 22, Segunda quincena de Mayo de 2015.

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