Lo posible en lo que queda de mandato

Editorial23VargasNielloNo cabe duda que el tiempo para el cumplimiento de lo ofrecido por el actual gobierno en la campaña, sumado a las demandas actuales de los pueblos originarios, entra en un período crítico. No hay mucho que hacer con el tiempo perdido. No se trata de culpar a nadie, ni menos a la Presidenta. Derechamente, los responsables del tiempo perdido y de la frustración de los que confiaron en la nueva política indígena son exclusivamente los directivos que se hicieron responsables de la institucionalidad indígena. Unos, porque no tuvieron la capacidad para reconocer su desconocimiento de los problemas históricos, de llevar adelante iniciativas sin el necesario concurso de los incumbentes, la falta completa de diálogo con las comunidades y el hecho de llevar adelante iniciativas – como la Consulta – a trocha y mocha utilizando instrumentos (como el Decreto 66) que inicialmente desconocieron su legitimidad. Otros, que por pasividad no desarrollaron acciones proactivas para mejorar las relaciones con los pueblos originarios, en base al estándar que la normativa internacional exige a nuestro país.

El resultado ha sido una consulta ‘aprobada’ como legítima, aun cuando es sabido y se conoce que fue manipulada e impuesta con procedimientos ajenos a un proceso correcto y aceptado por todos y exigible desde la perspectiva de las obligaciones del Estado de Chile en virtud del Convenio 169 de la OIT.

La leche está derramada, pero queda tiempo. Este puede ser de tiempo precioso si en realidad se quiere enmendar el rumbo. Seguramente algunas iniciativas a emprender y que recuperaran la demora institucional y política en el cumplimiento de las propuestas programáticas debieran tomar en cuenta:

  1. Retomar las promesas y acuerdos consignados en el Documento de Verdad Histórica y Nuevo Trato que recomendó la construcción de un marco jurídico que definiera la relación del Estado con los Pueblos Indígenas para concretar de manera coherente las cuestiones pendientes. La discusión sobre los contenidos de la Nueva Constitución pudiera ser el espacio ideal para esta consideración. Y no debiera quedar ausente el aspecto fundamental de declarar a Chile como un Estado Plurinacional.
  2. Apurar iniciativas concretas y efectivas para posibilitar la participación política de los pueblos indígenas a nivel del Congreso, Cores y Municipios.
  3. Avanzar definitivamente en la conformación de una Comisión de alto nivel de la sociedad chilena e indígena que estudie la violencia y abusos cometidos por la propia institucionalidad estatal en contra de las comunidades, especialmente contra ancianos, mujeres y niños, de acuerdo a la normativa nacional e internacional.
  4. Detener las acciones de violencia desmedida contra la protesta indígena, principalmente en acciones en las comunidades donde los principales afectados son mujeres niños y ancianos.
  5. Definir calendarizadamente la devolución de las tierras usurpadas, modificando el Reglamento de Compra de Tierras y evitando la especulación en las adquisiciones a través de crear efectivamente el Fondo de Tierras considerado en la Ley.
  6. Enfrentar con decisión y en acuerdo con las comunidades de los pueblos indígenas la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, revisando definitivamente los reglamentos 66 y 40 del SEIA que no cuentan con el respaldo de las comunidades.
  7. Cambiar las estrategias oficiales en materia de energía, agua, minería y recursos naturales pues estas están lejos de mantener un diálogo real y efectivo con las comunidades en los territorios indígenas.
  8. Es necesario avanzar sin más dilaciones en el reemplazo de la institucionalidad deslegitimada del Estado en materia indígena y hacer efectivos los anuncios de un Ministerio Indígena del que previamente debieran conocerse los propósitos y funciones del mismo, especialmente por parte de las comunidades indígenas. Ello solucionaría la ausencia de no solo clarificar la política oficial en materia indígena sino que al mismo tiempo aclararía dónde reside en el Gobierno la dirección de la Política Indígena que al día de hoy no está para nada claro.

Creemos estar ciertos que el anuncio de medidas como las anunciadas abriría caminos certeros de diálogo real y conducente a la solución de una deuda histórica e ilegítima. De no realizarse, la confianza, ya en crisis, de los pueblos originarios en las instituciones y autoridades, se perderá significativamente, lesionando profundamente el desarrollo democrático que Chile se merece.

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