Propuesta: Inversión privada en territorios indígenas: Acercando posiciones entre actores

El Programa Política Indígena lleva más de 10 años enfocado en construir y potenciar los vínculos con líderes de organizaciones y comunidades mapuche de diferentes regiones, con la intensión de facilitar y promover el acercamiento entre estos y las autoridades y mundo empresarial chileno, con el objeto de avanzar en el camino que permita reducir la conflictividad que existe en los diversos territorios habitados por comunidades indígenas a lo largo del país.

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La presente propuesta consiste en analizar y comprender las causas principales de las brechas que existen en las relaciones entre las organizaciones o comunidades indígenas, el Estado de Chile y las empresas que desarrollen y/o propongan proyectos de inversión que puedan afectar a  comunidades u organizaciones indígenas de las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Explorando, de manera específica, las limitaciones y potencialidades para desarrollar un nuevo tipo de relación entre empresas mineras y comunidades indígenas, desde una lógica de ganar/ganar, esbozando la propuesta de un nuevo marco normativo que regule las relaciones entre empresas y comunidades en torno a los proyectos de inversión minera.

Durante los últimos años, la industria minera ha buscado diversificar las materias primas que explotan a lo largo del territorio nacional, proceso que –en conjunto con el descubrimiento del uso de las denominadas “Tierras raras” para el desarrollo de nuevas tecnologías-  ha llevado a buscar nuevos espacios de explotación, incentivando la potencial expansión de la actividad minera desde la tradicional zona norte de Chile hacia el sur de este país.

Tal como sabemos, en la actualidad, existen proyectos de inversión que se encuentran detenidos debido a procesos de judicialización motivados por la incorrecta o nula aplicación del Derecho a Consulta de Pueblos Originarios que, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, el Reglamento de Consulta Indígena (DS 66) y la Reglamentación Ambiental (DS.40), debe ser implementado en caso de medidas administrativas que sean susceptibles de afectar a miembros de pueblos indígenas. De acuerdo a lo anterior, la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) corresponde a un procedimiento administrativo y que debe ser consultado.

Los desafíos que se observan son complejos, pero teniendo en cuenta la normativa internacional, las voluntades de los diferentes actores: comunidades/ organizaciones indígenas, empresa y el Estado, como mediador, es posible visibilizar acuerdos para la construcción de una normativa al nivel de los estándares internacionales suscritos por Chile y que por sobre todo, que colabore con los intereses de las organizaciones y comunidades indígenas de los territorios al sur del Bío Bío.

Para seguir conociendo de este proyecto, haga clic aquí

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